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Bogotá, 4 jun (EFE).- International Crisis Group llamó hoy a los Gobiernos de Guatemala y Honduras a que sus esfuerzos por acabar con la inseguridad en su frontera, una de las zonas de Centroamérica más permeadas por el narcotráfico, apunten también a fortalecer el estado de derecho y el desarrollo económico y social.

La organización no gubernamental con sede en Bruselas publicó hoy un informe sobre la situación en la frontera guatemalteco-hondureña en el que hace énfasis en la necesidad de un cambio de política y de una mayor asistencia internacional para afrontar el problema.

“Guatemala y Honduras deberían aprender de las experiencias regionales, tales como los programas de desarrollo de fronteras en Colombia, Ecuador y Perú”, señala International Crisis Group, una ong especializada en prevenir y resolver crisis.

De los dos países, Honduras, “en donde los niveles de violencia son mayores y la capacidad institucional es más frágil”, es el que necesita con más urgencia asistencia de países e instituciones, de acuerdo con la ong, cuya sede regional está en Bogotá.

El informe hace un repaso de la situación en la frontera guatemalteco-hondureña, que tiene una de las tasas de homicidios más altas en el mundo y donde hay áreas controladas por el narcotráfico.

“La ausencia de una efectiva aplicación de la ley ha permitido a traficantes poderosos ser las autoridades de hecho en algunas áreas, proporcionando trabajo y asistencia humanitaria pero también intimidando y corrompiendo a los funcionarios locales”.

La ong destaca que la competencia creciente por las rutas de las drogas y las detenciones o las muertes de los principales capos han hecho que se dispersen algunos grupos criminales y a la vez se fortalezcan nuevos grupos “a menudo más violentos”, con lo que la violencia se sigue “alimentando”.

En referencia a Guatemala menciona a los departamentos de Chiquimula y Zacapa como los más afectados e insta al Gobierno de Otto Pérez Molina a ir más allá de fortalecer las fronteras con fuerzas de tarea inter-institucionales.

Además de brindar seguridad a los habitantes de la zona fronteriza, es necesario “emprender de inmediato esfuerzos integrales para instalar el estado de derecho y brindar oportunidades económicas a esta periferia largamente ignorada”.

Ello requiere también de la construcción de “instituciones democráticas creíbles” y una depuración de la policía local.

En cuanto a Honduras, “frecuentemente” elegido como punto de entrada de la droga producida en Sudamérica para el mercado de EE.UU., el informe presenta un panorama aun peor.

“Allí, el golpe de estado de 2009 debilitó las ya frágiles instituciones públicas dedicadas a la seguridad y la justicia. Su larga costa atlántica y remotos llanos interiores, con poca población o infraestructura, ofrecen el ambiente ideal para que las naves y avionetas con drogas operen sin ser detectadas.

En el capítulo de recomendaciones, ICG insta a los gobiernos de Guatemala y Honduras a implementar una estrategia de prevención de la violencia en el largo plazo, con medidas tendentes a fortalecer y restaurar la confianza en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y mejorar el acceso y la eficiencia de la justicia.

También recomienda promover oportunidades educativas, de capacitación y recreativas para la juventud local, incentivar la inversión pública y privada para promover el crecimiento y generar empleo, y financiar programas de salud pública.

Otra propuesta de la ong es que ambos gobiernos analicen la posibilidad de crear agencias nacionales y/o binacionales con vistas a impulsar el desarrollo de las áreas fronterizas, siguiendo el ejemplo de los países andinos.

Al respecto, llama a Colombia, Perú y Ecuador a “compartir” con Guatemala y Honduras “sus mejores prácticas y lecciones aprendidas, específicamente con relación a los esfuerzos para prevenir la violencia a través del desarrollo regional y el fortalecimiento de instituciones locales”.

“Los donantes -especialmente los Estados Unidos- deberían poner sus recursos financieros, capacitación y asistencia técnica detrás de la seguridad pública y la prevención de la violencia en las fronteras, más que enfocarla primariamente en controles e interdicción”, subraya ICG.

Por último, el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) debería fortalecer su política de seguridad fronteriza e impulsar “el apoyo regional e internacional a iniciativas bilaterales, regionales y multilaterales destinadas a la comunidades especialmente vulnerables al crimen organizado”.