Panamá, 9 mar (EFE).- El ministro de Seguridad Pública de Panamá, José Raúl Mulino, presentó hoy su renuncia irrevocable tras protagonizar una polémica con el director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, que rechazó la creación de una entidad externa que juzgara a los agentes policiales que cometan faltas.
El objeto de la polémica es un proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros que creaba el Sistema de Administración de Justicia Disciplinaria, que Pérez calificó ayer de innecesario por haber ya una junta disciplinaria y porque "policía juzga a policía".
"La actuación pública ayer del director general de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, es para mí sencillamente inaceptable", precisó Mulino en su carta de renuncia al presidente Ricardo Martinelli, quien ayer, en su cuenta de Twitter, anunció que retiraba la resolución que impulsaba dicha iniciativa.
Mulino afirmó que la forma de proceder de Pérez era "ilegal e inconstitucional" y que pasarla como inadvertida sería permitir "un abierto acto de desconocimiento e irrespeto de parte del señor Pérez a la institucionalidad democrática".
Por su parte, el secretario de Comunicación del Estado, Luis Eduardo Camacho, dijo hoy a periodistas que el lunes próximo se anunciarán cambios en los estamentos de seguridad.
"Se ha producido una renuncia del ministro a partir del 15 de marzo, se hace la evaluación de hechos alrededor de esa renuncia (...) que le corresponde al presidente de la república en uso de sus facultades constitucionales y el lunes se estarán anunciando cambios en otras instituciones de seguridad del Estado", precisó Camacho.
Por su lado, Martinelli dijo hoy brevemente a periodistas que "este es el primer capítulo (sobre la polémica), esperen al lunes cuando se hagan los anuncios de cambios" y apuntó que ambos funcionarios son sus "amigos".
Mulino destacó que con su renuncia no trataba de determinar mandos, algo que establece la ley orgánica de la Policía, sino dejar sentada su preocupación y protesta por haber desautorizado Pérez "de manera pública" a su superior inmediato y a todo el Consejo de Ministros.
Según el proyecto, impulsado por el propio Mulino y aprobado esta semana por el Consejo de Ministros, el Sistema de Administración de Justicia Disciplinaria se adscribiría al Ministerio de Seguridad y estaría compuesto por experimentados abogados, totalmente ajenos a las instituciones de seguridad del país.
Dicha junta, según la iniciativa, iba a estar compuesta por quince personas, entre jueces y suplentes, para juzgar a los agentes que incurrieran en faltas administrativas o de cualquier tipo.
Poco antes de conocerse la renuncia de Mulino, la Secretaría de Comunicación divulgó una nota de Martinelli, en la que señala que propondrá al Consejo de Ministros que reconsidere el proyecto, tras conocer algunas opiniones que "deben valorarse".
Por su parte, la Asamblea Ciudadana (AC), integrada por organizaciones de la sociedad civil, exigió en un comunicado la "separación inmediata" de Pérez, para iniciar "cuanto antes una investigación y el procedimiento para su destitución inmediata por violar la Ley y atentar contra la personalidad interna del Estado".
"El director de la Policía se ha sublevado contra el orden constitucional al repudiar una Resolución de Gabinete, sin tener base legal alguna para ello y al afirmar que 'policía juzga policía', en abierto desafío al orden legal", señala la AC.
Recuerda "una interminable" serie de acciones perpetradas por la Policía "que violan flagrantemente los derechos humanos y las garantías fundamentales", señalando entre estas la "brutal represión policíaca" en San Felix, el pasado 5 de febrero, para despejar un tramo de la vía Interamericana bloqueada por indígenas Ngäbe Buglé en protesta contra la minería en sus tierras.
El ministro dimisionario aseguró en su carta de renuncia que ésta es "irrevocable" y efectiva "a partir del 15 de marzo próximo".
Mulino ha estado en el Gobierno de Martinelli desde la llegada al poder de éste, en julio de 2009, primero como titular de Gobierno y Justicia y luego, al escindirse ese Ministerio, al frente de la cartera de Seguridad.